Para este reto he decidido elegir el análisis de cómo la Diputación de Palencia (DP) intenta cumplir con las recomendaciones de la Agenda 2030, ya que se puede ver la importancia de la Administración en este proyecto de una forma muy clara. Desde 2019, la DP relaciona sus presupuestos a los ODS sobre los que desea trabajar. Un ejemplo claro de 2021 es el ODS n.º 6: “Agua Limpia y Saneamiento”, y en concreto la Meta n.º 3 “Mejorar la calidad del agua, reducir la contaminación de aguas residuales”. Como veremos en la segunda pregunta, se trabaja a nivel de aplicación presupuestaria, y a cada una de estas aplicaciones se le asigna un código. De esta manera se obtienen dos beneficios: conocer a qué ODS y a qué meta se encuentra asociada la aplicación, así como tener información sobre qué parte del presupuesto se destina a cada ODS y Meta. No solo, actuando así, “en la ejecución y liquidación del Presupuesto es posible analizar el grado de gasto efectivamente invertido en cada ODS y Meta”. Por lo tanto, se emplea el dinero público en la consecución de los ODS, monitorizando siempre el gasto y el nivel de consecución.
¿De qué manera el sector público adopta ese rol protagonista e impulsor en la iniciativa seleccionada?
En 2019 la DP decidió, a imitación de la de Córdoba, relacionar su presupuesto con los ODS, “implicando, de manera transversal a todas las áreas y departamentos dado que toda ellas participan del presupuesto”, y lo considera una herramienta esencial. Que exista esta preocupación por implicar a todas las áreas me parece fundamental para la consecución de objetivos. La DP tuvo que tomar dos decisiones importantes: a) sobre la escala de trabajo (decidiendo descender a la aplicación presupuestaria) y b) sobre la metodología de asignación de objetivos y metas (decidiendo una asignación biunívoca, es decir cada aplicación se vincula con una meta). Para realizar el seguimiento ha optado por el análisis de los programas presupuestarios una vez finalizada la ejecución del gasto de esa anualidad.
¿Podría esa iniciativa llevarse a cabo sin la presencia de la Administración?
Claramente no, ya que como vemos se trata de la gestión del presupuesto público anual de la propia DP. Aunque la Agenda 2030 no constituye en sí una norma jurídica de obligado cumplimiento, “se trata de una voluntad política y programática por parte de los Estados de obligarse a implementar las medidas necesarias que hagan realidad los objetivos propuestos”.
Como se afirma en el documento consultado, “uno de los instrumentos vertebradores de la política económica local es el Presupuesto de la Entidad local”, y la finalidad última de un uso acertado del presupuesto será “dirigir sus programas y políticas al logro de las 169 metas”.
Información general y entrecomillados extraídos de: https://asocex.es/wp-content/uploads/2021/05/Revista-Auditoria-Publica-n%C2%BA-77-pag-72-a-85.pdf
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